La formación política ha fundamentado su petición en las advertencias emitidas por diversos investigadores de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Según el partido, existe una preocupación creciente sobre el uso de argumentos ambientales para justificar intervenciones cuya eficacia ecológica no ha sido demostrada de manera concluyente.
El pasado mes de mayo, un grupo de más de 20 científicos firmó una declaración pública cuestionando la naturaleza del proyecto. Los expertos advierten que este tipo de actuaciones podrían estar priorizando una estrategia de imagen y actividad comercial sobre la verdadera restauración ambiental, facilitando el acceso a espacios protegidos que deberían permanecer fuera de la explotación especulativa.
“"Cuando decenas de científicos alertan de que una actuación puede estar sustentándose más en una estrategia de imagen que en una auténtica restauración ambiental, la obligación de las administraciones es escuchar, reconsiderar y actuar con responsabilidad."
Desde Nueva Canarias insisten en que la conservación de la biodiversidad en Tenerife debe basarse en criterios científicos contrastados, transparencia y participación social. Por ello, reclaman una evaluación independiente y rigurosa que despeje las incertidumbres sobre la instalación de estructuras artificiales en un entorno marino de alto valor ecológico.
