La Cámara Canaria vive momentos de intensa actividad negociadora ante la inminente votación del proyecto de ley que busca agilizar licencias urbanísticas y la construcción de viviendas. Sin embargo, el foco se ha desplazado hacia una modificación que afecta directamente a la ley de alquiler vacacional, incorporada recientemente en comisión parlamentaria.
Una enmienda transaccional, impulsada por Agrupación Socialista Gomera (ASG), PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista, con el apoyo de Vox, propone cambiar la consideración de la vivienda vacacional de "actividad clasificada" a "actividad inocua". Este cambio suprimiría un régimen restrictivo para determinados propietarios, especialmente pequeños propietarios en las Islas Verdes que dependen de estas rentas complementarias.
La iniciativa, que parecía encaminada a su aprobación, se ha visto alterada por un voto particular registrado por Coalición Canaria (CC) para excluir la modificación. ASG ha recurrido la admisión de este voto, pero la Mesa del Parlamento, con el aval de los servicios jurídicos, ha confirmado que podrá votarse en el pleno. La aritmética parlamentaria actual, con CC, PP y el Grupo Mixto (AHI) sumando 35 escaños, apunta a una posible mayoría para tumbar la enmienda, a expensas del voto de la diputada no adscrita Marta Gómez.
Fuentes de Coalición Canaria admiten que la situación está abierta hasta el último momento y que se buscarán acercar posiciones, especialmente con ASG. La formación gomera, que apoyó la ley en diciembre tras pactar revisiones, considera "esencial" la modificación para miles de pequeños propietarios y mantiene conversaciones para preservarla.
Por su parte, la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Esther González, se muestra pesimista sobre el futuro de la enmienda, criticando el procedimiento empleado para intentar retirar una modificación ya aprobada en comisión. La consideración de "actividad clasificada" implica mayores exigencias en materia de ruidos, salubridad y seguridad, requisitos que los promotores de la enmienda buscan evitar para quienes ya desarrollaban la actividad legalmente antes de la entrada en vigor de la norma.
Javier Valentín Peñate, vicepresidente de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), defiende que la modificación aporta seguridad jurídica y evita trámites innecesarios para pequeños propietarios, sin que ello suponga una reducción del control administrativo, ya que los cabildos y ayuntamientos mantendrían sus competencias.
La principal modificación afecta a las viviendas vacacionales ya en funcionamiento antes de la ley, que debían tramitarse como actividad clasificada. La enmienda propone que pasen a ser "actividad inocua", evitando así trámites administrativos considerados innecesarios por sus promotores. Ascav señala que esto no elimina los controles, sino la obligación de presentar la comunicación previa de actividad clasificada.
