El consistorio capitalino, propietario de la escultura de Juan de Ávalos ubicada en la avenida de Anaga, ha anunciado que acatará la Ley de Memoria Histórica de Canarias. El alcalde, José Manuel Bermúdez, confirmó que la decisión de retirar el monumento se tomará en cuanto el Ejecutivo regional certifique su condición como símbolo de la dictadura franquista.
La normativa canaria estipula que las administraciones públicas deben eliminar escudos, insignias, placas, nombres de calles y monumentos que exalten la rebelión militar, la Guerra Civil o la dictadura. Sin embargo, esta retirada solo será efectiva tras la certificación por el órgano competente e inclusión en el catálogo oficial de vestigios.
El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, avanzó que el catálogo, que ya ha sido entregado por el equipo redactor y se encuentra en fase de supervisión técnica, tiene prevista su aprobación y publicación para este mismo año. Este documento, que incluye 428 símbolos franquistas en todo el archipiélago, es crucial para agilizar los procedimientos de retirada y garantizar su seguridad jurídica.
Anteriormente, el Gobierno de Canarias había elaborado un catálogo inicial centrado solo en el municipio de Santa Cruz, que incluía el monumento a Franco. Dicho catálogo fue anulado por la justicia tras un recurso del Ayuntamiento, que argumentó que no debía limitarse a un solo municipio. El nuevo catálogo abarca todas las islas, identificando 225 vestigios en Santa Cruz de Tenerife y 203 en Las Palmas de Gran Canaria.
El Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó el pasado 11 de junio la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), al considerar que no reunía los valores necesarios para su protección. Esta decisión se produce después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife diera la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defendía la protección de la obra. La asociación ha denunciado irregularidades en el expediente y ha amenazado con recurrir a la justicia para evitar la eliminación de la escultura.
