La condena se debe a un delito contra la propiedad industrial, tras intentar introducir en la isla 380 prendas falsificadas valoradas en 9.500 euros. La pena impuesta tuvo en cuenta las dilaciones indebidas en el proceso y se ha ordenado la destrucción de la mercancía incautada.

Los hechos se remontan a enero de 2020, cuando la Agencia Tributaria detuvo la entrada de las prendas en Tenerife. Tras contactar con las marcas afectadas, se confirmó que los productos generaban confusión y eran falsificaciones, lo que derivó en una denuncia.

La empresa implicada se dedicaba al comercio mayorista y minorista, así como a la importación y exportación. Se atribuye a su responsable la fabricación de grandes cantidades de productos que imitaban marcas y signos protegidos legalmente.

El acusado intentó introducir 230 camisetas, con las que habría obtenido casi 7.000 euros, y 150 pantalones, que habrían generado casi 5.000 euros, sumando un beneficio estimado de 9.500 euros tras descontar costes.

Durante el proceso judicial, el acusado alegó incumplimiento de plazos, argumentando que la instrucción finalizó en diciembre de 2022 y su declaración no se tomó hasta septiembre de 2023. La Sala respondió que se aplicaron sucesivas prórrogas y que, si bien su declaración como persona física fue tardía, sí conoció los hechos como representante legal de la empresa condenada.

El procesado también afirmó trabajar con una marca de nombre similar a la falsificada, pero se demostró que era proveedor de esta última y que conocía el nombre por una revista, no por prendas de vestir. La Sala señaló que ambas eran firmas de moda de conocimiento general, lo que evidencia la intención de engañar.

Respecto a su condición de proveedor, se constató que la solicitud de registro de la marca similar se realizó cinco meses después de la intervención de la mercancía. Los informes periciales confirmaron que las prendas intervenidas presentaban denominaciones y signos muy similares a los auténticos, validando la multa impuesta.