El dispositivo, instalado en una de las principales vías de conexión de la Isla, ha registrado un crecimiento exponencial en el número de sanciones. En 2024, su primer año de funcionamiento, notificó 1.358 multas, cifra que se multiplicó por 36 en 2025, alcanzando las 49.641 denuncias. Este incremento sitúa a la red viaria tinerfeña entre las más intensamente sancionadoras del país.
Este volumen de infracciones ha tenido un impacto significativo en la recaudación por multas de tráfico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En 2025, la recaudación global ascendió a 14.243.109 euros, un 23% más que los 11,5 millones de euros de 2024. Si se aíslan los ingresos generados exclusivamente por excesos de velocidad en carreteras insulares, la cifra creció un 75,29%, pasando de 2.627.244 euros en 2024 a 4.605.335 euros en 2025.
En la provincia de Las Palmas, el control de velocidad en el kilómetro 42 de la autovía GC-1 también se mantiene entre los radares más activos, con un aumento de sanciones de 11.403 en 2024 a 15.927 en 2025.
A nivel nacional, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) rozaron los 247 millones de euros en recaudación en 2025. La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) señala que el 50% de las multas se concentran en autovías y critica que la administración priorice la instalación de cinemómetros en vías de alta capacidad en lugar de en la red secundaria, donde se registran la mayoría de accidentes mortales. La entidad reclama una revisión de la ubicación de estos controles para priorizar la prevención de la siniestralidad sobre la capacidad recaudatoria.
