La controversia en torno al traslado de menores migrantes no acompañados se intensifica. La negativa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a recibir a jóvenes procedentes de zonas con alta presión migratoria como Canarias, Ceuta y Melilla, podría desestabilizar la Conferencia Sectorial de Infancia programada para mañana. Esta postura, comunicada al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, podría sentar un precedente para otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, lo que bloquearía nuevamente el sistema de reubicación de menores.
El Estado convocó a las comunidades autónomas para discutir la extensión del sistema de reubicación, cuyo plazo expiró el pasado 19 de marzo. Los objetivos del real decreto no se cumplieron en su totalidad, ya que ninguna de las regiones fronterizas logró superar la situación de contingencia y todas continúan operando por encima de su capacidad de acogida.
La Comunidad de Madrid ha aprovechado la finalización del plazo para oponerse a nuevos traslados, alegando la falta de “cobertura jurídica” y advirtiendo al Gobierno central con acciones legales si se prolonga el sistema extraordinario de reparto entre comunidades.
“"El mecanismo extraordinario de reubicación de menores continúa plenamente vigente y debe seguir aplicándose mientras persista la situación de contingencia migratoria en los territorios de llegada."
El ministro Torres respondió a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, a través de un comunicado, afirmando que el mecanismo de reubicación sigue vigente y debe aplicarse mientras persista la situación de contingencia. Torres destacó el sistema como un “hito histórico” y elogió la colaboración de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, asegurando que su implementación se ha realizado “con absoluta normalidad” y sin alteraciones de la convivencia.
Por su parte, Canarias acudirá a la reunión con un mensaje claro: la responsabilidad sobre los menores migrantes no acompañados no puede recaer únicamente en las regiones de llegada. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, enfatizó que “los niños y las niñas migrantes son de todos los españoles”, una postura que el Ejecutivo autonómico ha mantenido desde el inicio de la crisis.
La propuesta canaria busca consolidar el sistema actual de derivaciones y establecer un modelo estable que evite el desbordamiento de la red de acogida ante futuros repuntes migratorios. Delgado alertó sobre un “pequeño repunte” reciente, que podría volver a tensionar un sistema ya sobrecargado. El Gobierno canario exigirá no solo la continuidad, sino también el refuerzo jurídico y operativo del modelo, buscando que el reparto sea automático ante incrementos significativos en la llegada de menores.
Además, Canarias reclamará una financiación estable por parte del Estado para que las comunidades puedan cumplir con sus obligaciones de protección de la infancia, incluyendo la atención educativa, sanitaria y social, que requiere una planificación sostenida y no solo respuestas de emergencia.
