La instalación, que permaneció inactiva durante más de tres décadas, retomó sus operaciones hace un año tras obtener una prórroga administrativa. La cercanía de la explotación, situada a solo 50 metros de las viviendas y de un centro educativo, ha generado una profunda preocupación entre las familias por la constante presencia de polvo en suspensión.
Los afectados señalan que la maquinaria pesada y el movimiento de tierras provocan una polvareda que invade tanto los inmuebles como las vías públicas. Esta situación afecta especialmente a la población vulnerable, incluyendo a menores de edad y personas mayores, quienes reportan dificultades respiratorias y sequedad en las vías aéreas.
“"Ante todo está nuestra salud, y la de los niños que van al colegio cercano."
Además del impacto sanitario, la denuncia vecinal subraya la pérdida de patrimonio etnográfico en el entorno de la montaña, donde se habrían visto afectados elementos históricos y plantaciones tradicionales. Los residentes critican la inacción de las autoridades ante las irregularidades detectadas en los informes técnicos de la empresa explotadora.
Aunque el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó realizar un seguimiento de la calidad del aire, los resultados de dichas mediciones aún no han sido publicados. Ante este escenario, el colectivo vecinal insiste en la necesidad de un cierre cautelar inmediato para garantizar la seguridad de la comunidad.
