La tensión vecinal ha escalado en Igueste de Candelaria, concretamente en la calle La Capitana, donde un grupo de residentes lucha por recuperar el acceso a un camino que consideran de servidumbre de paso y vía agraria. La controversia se centra en una cadena con candado colocada en 2021 por la propietaria de una finca colindante, con una licencia otorgada por el Ayuntamiento de Candelaria.

Los afectados argumentan que dicho camino figura en las escrituras de sus fincas, algunas de ellas datadas en 1964, y está clasificado como vía agraria en el Plan General de Ordenación (PGO) vigente. Sostienen que el permiso municipal se limita a una parcela específica y no al trazado completo, criticando que la decisión municipal va en contra de su propio criterio urbanístico. Aseguran, además, que el Consistorio no ha respondido a sus reiteradas peticiones de información.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Reinaldo Triviño (PSOE), calificó la licencia como precario, es decir, provisional y revocable. Explicó que, si bien el PGO contempla una vía en esa zona, hasta que no se urbanice la parcela o las colindantes, los propietarios no tienen la obligación de ejecutarla. Añadió que no procede una expropiación forzosa al no tratarse de una zona verde o dotacional, y defendió la correcta concesión de la licencia tras la revisión técnica del expediente, calificando el asunto como una disputa entre vecinos.

Vecinos como Andrea Celis, Maite Belaza, Nélida Concepcion, Sergio García y Antonio Escuela relatan las dificultades que enfrentan. Quienes poseen llave deben acceder a sus fincas abriendo el candado, mientras que Celis y García, pareja, deben realizar trabajos agrícolas en su finca de frutales sin acceso vehicular. Denuncian además actitudes hostiles por parte de la propietaria, incluyendo el lanzamiento de gatos muertos y rotura de mallas, y una propuesta de acceso alternativo a través de una escalera peligrosa y un barranco.

Tras un año de espera y ante la falta de una expropiación prometida por la alcaldesa Mari Brito (PSOE), los vecinos iniciaron acciones legales y acudieron al Diputado del Común sin obtener respuesta. Ahora esperan la resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias, al que el Ayuntamiento debe responder obligatoriamente sobre este caso.

Los residentes intuyen que el Ayuntamiento cometió un error al otorgar la licencia y temen que no se revise el expediente para evitar reconocer posibles fallos. Reclaman la visita de un técnico municipal al lugar y critican la falta de un período de consulta previa para las alegaciones de los afectados antes de la concesión del permiso.

La vecina que instaló la cadena no ha querido hacer declaraciones públicas sobre las denuncias de sus vecinos.