La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, subrayó en el Parlamento de Canarias que se está llevando a cabo una tramitación rigurosa y compleja para garantizar que este instrumento de gestión indirecta funcione con seguridad y estabilidad. El concierto social se diferencia de un contrato convencional o subvención anual, manteniendo la planificación, financiación, acceso, evaluación y control de forma pública, con el objetivo de complementar y preservar el sistema público de servicios sociales.
La consejera destacó que la finalidad no es aprobar una norma deprisa, sino una regulación aplicable, financieramente sostenible y jurídicamente segura. Actualmente, dos expedientes administrativos están en tramitación: uno general para modificar el Decreto 144/2021 y otro específico de la Dirección General de Servicios Sociales, que se encuentra en su fase final tras superar trámites clave, incluido el informe de la Oficina Jurídica del Gobierno.
El concierto social garantizará suficiencia económica y cobertura de costes, con estudios previos para gastos salariales, de Seguridad Social y de funcionamiento sin beneficio industrial, e incluirá mecanismos de revisión ante cambios en convenios colectivos. Las convocatorias priorizarán el arraigo de la persona en su entorno para evitar desplazamientos innecesarios.
La Administración continuará gestionando el acceso y las listas de espera, asegurando que los usuarios no sufran interrupciones en la atención. Se promoverá una relación plurianual y evaluable, sujeta a requisitos de solvencia, acreditación, transparencia, auditorías y seguimiento técnico, incorporando la evaluación directa de los usuarios y sus familias.
