La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó que la nueva ley busca adecuar el marco normativo autonómico a las nuevas necesidades y riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia, estableciendo un marco legal adaptado a la realidad social actual para garantizar la protección integral.
Entre los objetivos se incluye, por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección de situaciones de riesgo, y la asunción de la tutela en casos de desamparo. Se busca garantizar el interés superior del menor y facilitar el ejercicio de sus derechos, incluyendo el derecho a ser oídos.
La normativa establece el buen trato como aspiración al máximo desarrollo integral infanto-juvenil y la promoción de entornos seguros, con medidas frente a cualquier tipo de violencia. También regula el derecho a la inclusión social para menores con diversidad funcional, migrantes y de minorías culturales.
Además, promueve la participación inclusiva y efectiva de los menores en todos los ámbitos y reconoce su capacidad para contribuir a su propio desarrollo y al entorno social mediante órganos de participación integrados por niños, niñas y adolescentes. Se toma conciencia sobre la realidad de las personas extuteladas, garantizando atención en su tránsito a la vida adulta y acompañamiento en la emancipación.
Se implementan medidas para proteger al colectivo menor en el entorno digital, como la educación sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías. La ley se estructura en 192 artículos, un título preliminar y diez títulos, y su objeto es la atención y protección integral de la infancia y adolescencia en Canarias.
La norma establece la distribución de funciones y competencias entre las administraciones públicas canarias, regula medidas de promoción, prevención, situación de riesgo, amparo e integración familiar y social, y un régimen de coordinación y colaboración interadministrativa con familias y entidades del tercer sector. Identifica los órganos de atención y garantía de derechos, y regula el régimen de infracciones y sanciones.
