El Gobierno de Canarias ha presentado datos alentadores sobre el avance de sus políticas sociales. Según el Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el Archipiélago se sitúa en la cuarta posición nacional en servicios sociales, un notable ascenso desde el último puesto ocupado en 2012. La consejera Candelaria Delgado subrayó este martes en el Pleno del Parlamento el esfuerzo presupuestario realizado, que se refleja en un gasto por habitante superior a la media estatal y un mayor porcentaje del PIB destinado a estas áreas.
La Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, publicada por el ISTAC, confirma una mejora en la calidad de vida. El porcentaje de población en riesgo de pobreza ha disminuido del 20,5% en 2022 al 17,6% en 2025. Asimismo, el ingreso medio mensual por hogar ha aumentado un 19%, situándose en 2.755 euros, y el ingreso medio por persona ha crecido hasta los 1.061 euros mensuales. Las prestaciones sociales medias también han experimentado un incremento, pasando de 842 a 989 euros.
Delgado también destacó la reducción significativa en los tiempos de espera para la tramitación de derechos y servicios. El tiempo medio de resolución ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 214 días en septiembre de 2026, lo que representa una disminución del 73%. En el área de Discapacidad, se han registrado 57.184 resoluciones durante la legislatura, y las listas de espera fuera de plazo en Tenerife y Gran Canaria se han reducido en torno a un 70% en los últimos tres años. Los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía han descendido de 7.537 a unos 1.400, con un tiempo medio de resolución de siete meses.
A pesar de estos avances, la consejera advirtió que aún existen situaciones de vulnerabilidad. La carencia material y social severa afecta al 12,7% de la población, con un mayor riesgo de pobreza entre las mujeres y en los hogares monoparentales. El nuevo indicador AROPE sitúa al 28,7% de la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que debe analizarse con cautela debido a modificaciones metodológicas.
Las prioridades para los próximos meses incluyen la reducción de tiempos de espera, la extensión de servicios domiciliarios y comunitarios, la protección de hogares vulnerables, la colaboración con el tercer sector y la reducción de las diferencias territoriales en el acceso a las prestaciones. El objetivo es que los datos permitan orientar las actuaciones administrativas para ofrecer una respuesta más rápida y adecuada a las necesidades ciudadanas.
