La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado un incremento de la financiación destinada a la atención de menores migrantes no acompañados. Considera insuficientes los fondos actuales para hacer frente a la situación de emergencia que atraviesa el Archipiélago.
Durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, Delgado defendió la ampliación de la partida presupuestaria del Estado y la recuperación de la aportación extraordinaria de 100 millones de euros del año pasado. Argumentó que, si bien la prórroga presupuestaria dificulta nuevas partidas, existen precedentes de financiación adicional, como ocurrió con el sistema de dependencia.
La consejera recordó que Canarias se encuentra en contingencia migratoria, acogiendo a más del triple de los menores que le corresponderían según los criterios de reparto. "Estamos acogiendo a más del triple de los 783 menores que nos corresponderían según los criterios de reparto, por lo que es necesario que la financiación estatal se adapte a la realidad asistencial que soporta Canarias", afirmó.
Candelaria Delgado también trasladó al Ministerio su preocupación por la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Solicitó que el Estado explique cómo se articulará la figura del defensor de los derechos del menor, prevista para asistir a los menores migrantes no acompañados desde su llegada. Advirtió de la falta de información sobre la implantación de este mecanismo y quién asumirá su financiación, reclamando la participación de las comunidades autónomas en el diseño del modelo.
En la misma conferencia, se abordó el modelo Barnahus para la atención a menores víctimas de violencia. El Gobierno de Canarias está desarrollando una hoja de ruta para implantarlo con proyectos piloto y formación de profesionales, alineado con la legislación española de protección integral a la infancia (LOPIVI). El Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria fue pionero en España en este modelo.
A partir de esta experiencia, se busca extender el modelo Barnahus a todas las islas, creando espacios coordinados entre jueces, psicólogos, médicos y trabajadores sociales. Se incorporarán recursos técnicos como sistemas de grabación para evitar la repetición de testimonios y programas de intervención con perros de apoyo para reducir el estrés de los menores durante las diligencias judiciales.
