Las islas acogen actualmente a 2.756 menores migrantes, una cifra que, aunque ha disminuido, excede la capacidad ordinaria de la comunidad. Esta situación ha llevado a la Consejería de Bienestar Social a planificar la reorganización de la red de acogida, lo que implica el cierre de algunos centros.
La consejera Candelaria Delgado expresó su sorpresa y malestar al conocer por la prensa la posible suspensión de las derivaciones de menores a la península, lamentando la falta de comunicación oficial. A pesar de que su departamento mantuvo una reunión técnica con el ministerio el día anterior, la noticia trascendió públicamente sin un aviso previo al Gobierno canario.
“"Lo más sorprendente de todo es que vengan a Canarias los ministros sin avisar al gobierno de Canarias, sin reunirse con el gobierno de Canarias, y después hagan declaraciones en prensa que afectan a las competencias del gobierno de Canarias, con lo cual, la verdad es que no no lo entendemos."
La ley establece la activación de la situación de contingencia cuando la capacidad de acogida de una comunidad se triplica, fijando un umbral de 2.211 menores para Canarias. Dado que la cifra actual supera este límite, la consejera considera crucial dialogar cualquier decisión sobre la contingencia, proponiendo un protocolo claro para su desactivación y posterior reactivación, evitando así largos periodos de espera ante repuntes.
Como consecuencia de la menor presión migratoria, se confirmará el cierre de dos centros en Fuerteventura: Ayagaures y Ancor, gestionados por la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. La baja ocupación, con 9 menores en un centro de 24 plazas y 16 en otro de 25, ha llevado a calificar los contratos actuales como "insostenibles".
El sindicato CC.OO. ha protestado por estos cierres, exigiendo la subrogación y el mantenimiento del empleo de los 42 trabajadores afectados. La consejera Delgado ha rechazado la petición, argumentando que se trata de contratos de emergencia y que la gestión de los empleados recae en la empresa adjudicataria, calificando la solicitud de absorción en la función pública de "ilógico" e "irreal".
Delgado recordó que, si bien la tutela de los menores recae en el Gobierno de Canarias, el acogimiento residencial es competencia de los cabildos insulares. La intervención regional se debió a la situación de emergencia, y la responsabilidad volverá a los cabildos una vez la situación se estabilice por debajo del umbral de contingencia.
Comisiones Obreras ha denunciado el "enorme impacto social y laboral" de los cierres, reclamando una solución que garantice la atención a los menores y los puestos de trabajo, advirtiendo del perjuicio que el traslado supone para los adolescentes en cuanto a sus vínculos escolares, sociales y sanitarios.
