La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, dirigida por Manuel Miranda (Coalición Canaria), ha rechazado la solicitud de información pública de la organización ecologista ATAN. La asociación reclamaba los datos vectoriales (extensión SHP) de las nuevas delimitaciones para analizar con precisión los límites de los espacios protegidos del Archipiélago.
El Ejecutivo autonómico justifica su negativa en la necesidad de “evitar que circulen ficheros en abierto que no tengan carácter definitivo”. Ha emplazado a ATAN a consultar los nuevos límites a través del visor de GRAFCAN, una herramienta que, según Iván Cerdeña, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, solo permite un análisis “a ojímetro”, haciendo “inviable” un estudio riguroso.
Cerdeña critica que “es inviable revisar a mano cientos de kilómetros de deslindes de espacios naturales” y lo compara con “tener que comparar un plano con otro sin ninguna herramienta de análisis”. Las organizaciones ecologistas alertan de que pequeñas alteraciones en los planos podrían dejar sin protección miles de metros cuadrados en Canarias.
Específicamente, se señala que las nuevas delimitaciones podrían excluir “varios miles de metros cuadrados” de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, en el área colindante con la urbanización del Puertito de Güímar. También se han detectado variaciones en los límites del Parque Natural de Corralejo. El especialista en Geomática y Topografía Manolo Viera ya alertó de una reducción de 260.000 metros cuadrados en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.
Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, lamenta que “los errores siempre van en contra del interés general”, sugiriendo que las equivocaciones implican menos superficie protegida. La ley que pretende digitalizar la delimitación busca sustituir los actuales anexos en papel por un archivo informático para 148 áreas protegidas, que ocupan 302.000 hectáreas.
El Gobierno, liderado por Fernando Clavijo, argumenta que los planos actuales, basados en un vuelo de 1987, son obsoletos y que una mínima desviación en papel puede suponer hasta 50 metros de diferencia en el terreno. La falta de una delimitación precisa genera problemas de seguridad jurídica para administraciones y propietarios.
La Consejería reconoce en la memoria justificativa que no será posible una “coincidencia geométrica absoluta” entre los planos originales y los nuevos debido a cambios en los sistemas de referencia (de Pico de las Nieves/ED50 a WGS84). El Ejecutivo asegura haber resuelto las “incidencias” basándose en el “principio de no regresión”, pero los ecologistas reclaman acceso a los datos brutos para verificarlo.
“"Es irónico que no nos permitan acceder a los documentos digitales de una ley de digitalización. Es como si nos hubieran dado un papel, básicamente. En el visor de GRAFCAN puedes descargar cualquier plano de cualquier ámbito, menos estos."
Eugenio Reyes considera que es un intento de “dejar los límites confusos” y crear una “coladera” que favorezca intereses urbanísticos. Sostiene que el Gobierno regional vulnera la ley de transparencia al no facilitar los mapas provisionales. Cerdeña advierte del riesgo de que pequeñas variaciones de los límites dejen fuera poblaciones de especies protegidas o yacimientos arqueológicos.
