El municipio de La Orotava, situado en el norte de Tenerife, aprobó hace 33 meses iniciar el trámite para solicitar al Gobierno de Canarias la declaración de zona tensionada. El objetivo principal era poder topar los precios de los alquileres, especialmente en la zona del casco histórico. Sin embargo, la solicitud formal aún no se ha realizado, a pesar del respaldo del pleno local hace casi tres años a la propuesta de los concejales de Asamblea por La Orotava.
Un informe reciente del propio Ayuntamiento, expuesto en la comisión de Urbanismo el pasado 1 de julio, analiza los precios de venta y alquiler de viviendas entre 2020 y 2023. El estudio constata que la localidad no solo cumple los requisitos para la declaración de zona tensionada en el casco histórico, sino también en la mayoría de sus barrios. Se han registrado aumentos en los precios de hasta el 129% en zonas como Pinolere, Aguamansa y La Florida, superando ampliamente el límite del 19% exigido para esta declaración. Otras áreas presentan incrementos del 60% y 70%.
El Gobierno de Canarias no ha aprobado hasta la fecha ninguna de las peticiones de declaración de zona tensionada recibidas. El Ejecutivo autonómico, que anunció su intención de recurrir la Ley estatal de Vivienda sin llegar a hacerlo por pasar el plazo, ha manifestado que su estrategia para la crisis de vivienda se centra en "construir más y más rápido", sin adoptar medidas de regulación de precios o control de la especulación.
Durante el pleno del pasado martes, el gobierno local (CC) admitió que la solicitud aún no se ha remitido al Ejecutivo regional. El portavoz de Asamblea por La Orotava, Manuel Pacheco, criticó esta demora, señalando la falta de conocimiento sobre el procedimiento y la ausencia del informe inmobiliario en la convocatoria de la comisión. Pacheco recordó que la ley exige adjuntar un plan específico de medidas al cumplir los requisitos para zonas tensionadas.
El edil de Hacienda y portavoz de CC, David Felipe Benítez, explicó que el estudio sobre el mercado residencial es "mucho más ambicioso" que un simple informe para la declaración de zona tensionada, abarcando múltiples aspectos sectoriales y distritales. Señaló que el Ayuntamiento no declara la zona, sino el Gobierno regional, y que el acuerdo plenario se enviará junto con el estudio una vez se disponga de todos los datos para su análisis. Añadió que el plan de acción municipal se definirá en función de la respuesta autonómica.
Por otro lado, Pacheco (Asamblea por La Orotava) denunció que el Consistorio lleva 18 años sin subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los grandes tenedores de inmuebles, como bancos y constructoras. Según el Plan General de Ordenación (PGO) orotavense, existen unas 2.500 casas vacías. La Ley de Vivienda de 2023 permite triplicar el IBI a grandes tenedores, lo que podría generar ingresos millonarios para políticas sociales o de vivienda. Benítez respondió que el ayuntamiento aprobó un recargo del 50% en 2018, pero su aplicación práctica se ha retrasado por la falta de definición legal de "gran tenedor" o "vivienda vacía", cuestiones que la ley de 2023 aclara. Actualmente, se está realizando un estudio económico para evaluar el impacto y la viabilidad de la medida, que requerirá trabajo administrativo y la interconexión de datos como el consumo de agua.
