La problemática de la vivienda en Canarias, marcada por precios elevados y alquileres prohibitivos, contrasta con la situación de desaprovechamiento de recursos públicos en algunos municipios. Un claro ejemplo son las ocho VPO en Los Realejos que, desde su construcción en 2005, no han sido habitadas de forma permanente, reflejando una notable desidia y falta de coordinación institucional.

Estas once viviendas, ubicadas en la calle Tindaya de La Cruz Santa, fueron edificadas por la extinta empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Los Realejos, Vivire. Contaban con características modernas para la época, incluyendo tres habitaciones, garaje y placas solares. A pesar de su potencial, nunca fueron ocupadas de manera estable. La situación se agrava al recordar que, antes de cada elección local desde 2007, las propiedades eran adecentadas, solo para volver al abandono tras los comicios.

La denuncia de esta situación por partidos como Izquierda Unida (IU) durante años no logró cambiar el panorama hasta 2022, cuando el gobierno local cedió las once casas a la Consejería regional de Obras Públicas y Vivienda. Sin embargo, según fuentes cercanas, solo tres de estas viviendas se han utilizado puntualmente para casos de desalojos forzosos, violencia de género u otras emergencias sociales. Las ocho restantes han permanecido vacías, sumando 21 años de inactividad en un contexto de emergencia habitacional en España y, particularmente, en el archipiélago canario.

Mientras la Consejería regional, dirigida por Pablo Rodríguez, no ha ofrecido su versión, el gobierno realejero ha señalado que las casas han sido ocupadas temporalmente por usuarios de Servicios Sociales en situaciones de necesidad. No obstante, esta explicación no aborda el uso a largo plazo que se espera de las VPO, y el propio ayuntamiento desconoce el destino de las viviendas desde su cesión al Gobierno de Canarias.