Anulado el convenio para trasladar gasolinera en Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo Consultivo de Canarias dictamina la nulidad del acuerdo urbanístico para reubicar una estación de servicio de Disa.

Imagen genérica de un documento legal con un mazo sobre una mesa de madera.
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Imagen genérica de un documento legal con un mazo sobre una mesa de madera.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha visto anulado un convenio urbanístico clave que permitía el traslado de una gasolinera, tras un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Este organismo autonómico ha declarado nulo el acuerdo expropiatorio que buscaba mover la estación de servicio ubicada junto al cementerio de Las Palmas a la zona de Siete Palmas, cerca del cementerio de San Lázaro. La decisión se fundamenta en que el convenio no se ajusta a derecho, argumentando que los terrenos debieron ser cedidos de forma gratuita y que se incumplieron procedimientos legales esenciales.
El convenio, firmado en marzo de 2015 entre el Ayuntamiento y Disa, tenía como objetivo adquirir la parcela trasera del cementerio de Vegueta para abrir la calle Eufemiano Jurado hacia la Avenida Marítima. Posteriormente, en 2017, se compensó a la petrolera con una parcela en Siete Palmas, destinada originalmente a uso deportivo, lo que desató una disputa con Pedruzcos Oil, que también aspiraba a instalar una gasolinera en la zona.
El dictamen del Consultivo subraya que el Ayuntamiento capitalino no siguió correctamente las fases del proceso expropiatorio. La administración se saltó la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación, aprobando el convenio antes de iniciar formalmente el expediente, lo que lo dejó sin la cobertura legal exigida por la Ley de Expropiación Forzosa.

La administración cometió un "flagrante incumplimiento" de la legislación vigente, al seguir la figura de un convenio urbanístico en lugar de expediente expropiatorio.

Este dictamen, emitido a petición de la alcaldesa Carolina Darias para resolver el procedimiento, califica el uso de un convenio urbanístico en lugar de un expediente expropiatorio como un "flagrante incumplimiento" de la legislación vigente.