Este importe sitúa a la capital grancanaria como el noveno municipio con el tributo más elevado del país, según datos del comparador tasadebasura.es. Solo ciudades como Girona (263,68 euros), Donostia (194 euros) o Córdoba (185,98 euros) presentan cifras superiores. Otras fuentes, como informes del Observatorio de la Fiscalidad de Residuos y la Organización de Consumidores, coinciden en señalar que, entre las diez ciudades más pobladas, Las Palmas de Gran Canaria es la tercera con el tributo más caro, solo por detrás de Murcia y Palma de Mallorca.
La media española de esta tasa se encuentra entre los 113,87 y los 116,32 euros, evidenciando una notable disparidad en los criterios de cálculo entre municipios. El TSJC anuló la tasa de Las Palmas de Gran Canaria por considerar que no se justificó adecuadamente el coste real del servicio ni los criterios de distribución entre contribuyentes, vulnerando principios de igualdad y proporcionalidad.
El fallo judicial, similar al de Madrid, donde también fue anulada, cuestionó la memoria económico-técnica que sustentaba el importe. En la capital grancanaria, la tasa se componía de una cantidad fija por inmueble (108,45 euros) y una cuota por generación de residuos, calculada en base a informes externos que el tribunal consideró no representativos de la realidad canaria. En contraste, la tasa madrileña vinculaba la cuota de generación a los kilos por persona por barrio y la cuota básica al valor catastral.
Otras ciudades como Valencia, Barcelona o Zaragoza han vinculado el tributo al consumo de agua, mientras que Sevilla lo relaciona con la factura de saneamiento. Málaga, Madrid y Alicante han utilizado el valor catastral como referencia, combinado con otros factores. Palma de Mallorca y Murcia optan por una cuota fija.
El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, exigió transparencia a la alcaldesa Carolina Darias tras la sentencia del TSJC, calificándola de "revés de enorme trascendencia". Suárez criticó que la tasa "no explicaba de manera suficiente" el porqué de su importe y advirtió de una "cascada de reclamaciones" por parte de ciudadanos y empresas.
CC reclama al consistorio que informe sobre si recurrirá el fallo, si mantendrá el cobro de las liquidaciones y qué ocurrirá con los recibos ya pagados. Suárez recordó que su partido votó en contra de la tasa por considerarla "injusta, escasamente explicada y desvinculada del comportamiento ambiental real de cada ciudadano", y solicitó a la alcaldesa una "hoja de ruta jurídica, tributaria y presupuestaria".
