El tejido productivo del archipiélago, compuesto en un 97% por microempresas con plantillas reducidas, enfrenta desafíos estructurales que limitan su capacidad de crecimiento. Según fuentes de la Confederación Canaria de Empresarios, la acumulación de normativas estatales sin un debate previo con el sector está generando una pérdida de confianza en el mercado laboral.
A diferencia del escenario nacional, donde se percibe una ruptura en el diálogo social, en Canarias se mantiene una comunicación fluida entre agentes sociales. Este entendimiento ha permitido avanzar en acuerdos sobre formación profesional dual y la modernización del Tribunal Laboral Canario, herramientas clave para adaptarse a las necesidades del mercado.
“"El diálogo social entre los empresarios y sindicatos canarios nos permite llegar a acuerdos libremente sin la intervención o intromisión del Gobierno como sí está pasando a nivel nacional."
La patronal insiste en que la excesiva regulación y la presión fiscal actúan como un freno para la inversión. Con apenas 150 grandes empresas en las islas, la supervivencia de la microempresa es fundamental para mantener la actividad económica y el empleo en la región.
