Este proyecto, cuya concepción se remonta a 2018, se alinea con las disposiciones de la Ley Orgánica 1/2025, conocida como la ley Bolaños, que aborda medidas de eficiencia en el servicio público de Justicia. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, destacó que esta aprobación culmina un esfuerzo que había quedado en pausa durante la legislatura anterior.
“"Culminamos un proyecto de 2018 que se quedó aparcado en la anterior legislatura y que desarrolla la organización de la Oficina Fiscal para soporte y apoyo de la actividad del Ministerio Fiscal en Canarias."
El modelo de esta oficina, impulsado por el viceconsejero de Justicia y Seguridad y la Fiscal Superior de Canarias, recibió el respaldo de la Comisión de Participación y Asesoramiento de Justicia el 6 de marzo de 2026. La estructura organizativa de la Oficina Fiscal en Canarias estará bajo la dirección de la Fiscal Superior y se dividirá en una Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, que incluirá su Sección Territorial, así como Fiscalías provinciales de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, con sus respectivas secciones territoriales y especializadas, y la Fiscalía de área de Lanzarote-Puerto del Rosario.
La organización de las oficinas fiscales se basa en un esquema flexible, que contempla áreas funcionales como el apoyo a la jefatura, el apoyo procesal y a la investigación, y el soporte general, adaptándose a las características y tamaño de cada dependencia. La dirección de la Oficina Fiscal recaerá en los titulares de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias, las fiscalías provinciales y las fiscalías de área.
El personal adscrito a la Oficina Fiscal dependerá funcionalmente de estas jefaturas y orgánicamente de la Dirección General competente en materia de medios personales. La oficina podrá contar con puestos de libre designación, singularizados (como el coordinador de la Oficina, encargado de planificación y gestión) y genéricos (gestores, tramitadores procesal-administrativos y auxilio judicial). Además, se establece una Unidad de Apoyo al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Canarias para asistir en labores de representación, relaciones institucionales, comunicación, atención ciudadana, informes, estadísticas y gestión de recursos.
