El Partido Popular (PP) ha anunciado que presentará una iniciativa en el Parlamento de Canarias con el objetivo de reclamar al Gobierno central una revisión y actualización inmediata de los costes tipo que se utilizan para calcular las ayudas destinadas al transporte de mercancías con origen o destino en el archipiélago.

La propuesta busca asegurar el cumplimiento efectivo de las compensaciones establecidas en el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, y evitar que los sobrecostes inherentes a la insularidad, la lejanía y la condición ultraperiférica sigan sin reflejarse adecuadamente en las ayudas estatales.

La diputada regional Rebeca Paniagua, impulsora de la iniciativa, destacó la importancia estratégica del transporte de mercancías para la economía canaria, señalando que «la economía canaria depende de manera absoluta del transporte marítimo y aéreo para garantizar el suministro de bienes esenciales».

Desde el PP recuerdan que una propuesta similar fue defendida recientemente en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado por el diputado nacional Juan Antonio Rojas, obteniendo un respaldo mayoritario en la Cámara alta.

Los populares argumentan que en los últimos años se ha producido un importante desfase entre los costes reconocidos oficialmente por el Estado y los gastos reales asumidos por operadores y empresas. Señalan que entre 2021 y 2023, los fletes marítimos aumentaron más de un 60% en algunas rutas, y el precio de los combustibles se encareció más de un 40%, incrementos que, a su juicio, no se han trasladado suficientemente a la actualización de los costes tipo para las compensaciones.

Paniagua sostiene que esta situación merma la eficacia del sistema del REF y repercute negativamente en la competitividad empresarial, el abastecimiento y el coste de vida en las islas.

La iniciativa insta al Parlamento de Canarias a solicitar al Ejecutivo central varias acciones: la actualización inmediata de los costes tipo, la creación de un mecanismo automático de revisión periódica ligado a la evolución del mercado y la agilización de la tramitación de las ayudas, con un plazo máximo de resolución de doce meses. También se plantea un sistema permanente de evaluación técnica en coordinación con el Gobierno de Canarias y los representantes del sector.

La diputada popular advirtió de que el problema afecta de manera especial a las islas no capitalinas, donde la doble insularidad agrava los costes de distribución y abastecimiento. «Defender el REF es defender la igualdad de oportunidades de los canarios. No podemos permitir que los costes derivados de nuestra condición insular sigan repercutiendo en la cesta de la compra y en la actividad económica de las islas», concluyó Paniagua.