Inicialmente, los representantes de los agentes en ambas ciudades habían mostrado su negativa a realizar horas extraordinarias como medida de presión por la conflictividad laboral existente. Sin embargo, tras alcanzar acuerdos con los respectivos ayuntamientos, los sindicatos han dado un giro a su postura.

En Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento aprobó una declaración de jornada de especial dedicación para la Policía Local, Bomberos y Agentes de Movilidad, fijando cuantías de productividad para los participantes en el dispositivo. La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, aseguró que se garantiza "un marco retributivo claro y acordado con los representantes sindicales". Las centrales sindicales, a pesar de la "desconfianza por años de retrasos y de incumplimientos", entienden que deben estar a la altura de "un acontecimiento extraordinario e histórico para la ciudad".

El consistorio palmense abonará en junio las horas extras pendientes de 2024 y 2025, y ha incrementado el presupuesto para jornadas extraordinarias de productividad. Este pago de deudas pendientes, que motivó la negativa inicial, ha sido clave para el cambio de opinión. La administración se ha comprometido a regularizar los pagos hasta julio, lo que ha llevado a los sindicatos a dar un voto de confianza.

Por su parte, los representantes sindicales en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han seguido una línea similar. Tras una reunión con el alcalde, José Manuel Bermúdez, se aclaró la situación y se emplazaron las mejoras laborales pendientes a una mesa de negociación en las próximas semanas. A finales de abril, los sindicatos habían rechazado reforzar el dispositivo papal por la falta de avances en las negociaciones con el área de Recursos Humanos, dirigida por Purificación Dávila Carreira.

La visita del papa León XIV a Canarias se perfila como el mayor despliegue de seguridad y emergencias de su historia, con el envío de 2.500 efectivos policiales desde la Península para reforzar el dispositivo en las dos islas capitalinas. Esta aparente paz social en el Archipiélago contrasta con la situación en Madrid, donde los sindicatos mantienen su negativa a hacer horas extras.