La situación se centra en la vivienda ubicada en el número 17 del paseo de la playa, por la cual los propietarios reclamaron en su momento una indemnización de 2,4 millones de euros al consistorio. Esta reclamación surgió tras la suspensión de la licencia de derribo del inmueble.
“"El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio una licencia a los propietarios para llevar a cabo la acción que pretendían, por cuanto que ese inmueble no estaba incluido en el catálogo de inmuebles protegidos. El Ayuntamiento hizo lo que entendían los servicios técnicos municipales que había que hacer. Esa licencia fue paralizada por una acción de declaración de BIC por parte del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias que se produjo posteriormente."
El gobierno municipal se vio inmerso en este complejo proceso en el año 2022, cuando el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias activaron los mecanismos para detener las obras planificadas por los propietarios. La vivienda, construida hace más de un siglo, fue parcialmente demolida y remodelada en 1972.
Ante este escenario, la alcaldesa ha señalado que los familiares de los propietarios han recurrido la declaración de BIC impulsada por el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Por ello, el Ayuntamiento está a la espera de la decisión judicial. La postura inicial del consistorio fue que, al no estar protegida la propiedad y haber sufrido modificaciones previas, no había motivos para denegar la licencia solicitada.
