El portavoz del Gobierno de Canarias y viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, defendió ayer el acuerdo alcanzado con varios empresarios hoteleros de las islas para cumplir con las sentencias judiciales emitidas por las distintas moratorias aprobadas entre 2001 y 2009, buscando el menor coste posible para las arcas públicas.
Cabello indicó tras el consejo de Gobierno que la gestión de las consecuencias de estas moratorias ha resultado en un acuerdo de pago por menos de 500 millones de euros, frente a los 900 millones solicitados por lucro cesante de proyectos no realizados.
Respecto a la contrapartida del acuerdo, que implica no reclasificar las parcelas como rústicas y permitir su desarrollo, Cabello rechazó que esto contravenga la postura del Ejecutivo de contener el crecimiento turístico. Señaló que si las parcelas se hubieran revertido a rústicas, el coste para las arcas públicas habría superado los 1.000 millones de euros.
El viceconsejero recordó que la actual Ley del Suelo permite a los ayuntamientos decidir si desarrollan o no turísticamente estas parcelas. "Ninguna de esas parcelas y otras no afectadas a la moratoria se van a poder hacer turística si el ayuntamiento no quiere", afirmó.
Ante las consecuencias de las normas de 2001, 2003 y 2009, Cabello justificó que el actual Gobierno de Canarias no haya implementado otra moratoria, considerando la Ley del Suelo un instrumento más potente para la desclasificación de suelos sin los riesgos asociados a las moratorias.
Finalmente, apuntó que las moratorias son "efectistas" a corto plazo pero generan consecuencias posteriores, como los casi 500 millones de euros que los canarios deberán pagar en indemnizaciones.
