La organización, que operaba el centro Demena Tagoror, ha visto cesada su actividad desde agosto de 2024, lo que ha provocado una drástica reducción de sus ingresos. Este despido colectivo se hizo efectivo esta semana, 30 días después de la comunicación inicial a las autoridades laborales y 37 días tras informar a los representantes de los empleados.
“"No resulta posible su abono en este momento debido a la situación de insuficiencia de tesorería, comprometiéndose la entidad a su pago en cuanto la situación económica lo permita."
La suspensión de las operaciones del centro Demena Tagoror, donde residían más de 100 menores no acompañados, fue ordenada por la Consejería de Infancia del Gobierno de Canarias el 12 de agosto de 2024. Esta decisión se fundamentó en la existencia de un procedimiento penal en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, eliminando así la principal fuente de ingresos de la ONG, que representaba más del 90% de su financiación.
Tras el cierre del centro, ubicado en El Fondillo, en Tafira, la organización solicitó inicialmente un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, que fue denegado. Posteriormente, se aprobó un ERTE por causas económicas, técnicas y organizativas, en el que ha permanecido hasta la fecha.
La carta de despido detalla pérdidas económicas significativas, cifradas en 315.502,88 euros en el ejercicio 2025, atribuidas a un grave desequilibrio entre ingresos y gastos, especialmente en costes de personal. Las previsiones para 2026 son igualmente desfavorables, con un incremento de pérdidas superior a los 90.000 euros en los primeros tres meses.
A pesar de esta situación, la ONG no cesará completamente sus actividades, manteniendo otros proyectos sociales operativos desde sus oficinas en la Iglesia Evangélica de Las Palmas. La entidad continúa recibiendo financiación, incluyendo subvenciones del Cabildo de Gran Canaria. El 6 de marzo, la Consejería de Política Social le concedió 200.000 euros para ayudas de emergencia social de 2025, y el 17 de abril, la Consejería de Presidencia otorgó 40.000 euros para el proyecto Gran Canaria Solidaria, enfocado en mejorar las condiciones de vida de personas vulnerables.
