La anulación del decreto que extendía los contratos de arrendamiento ha creado una situación de inseguridad jurídica, especialmente para aquellos inquilinos que solicitaron la prórroga durante el mes en que la normativa estuvo en vigor. Esta situación podría desembocar en un aumento de las demandas judiciales, según advierten expertos del sector inmobiliario.
“"Lo que más temor se tiene hoy en día es que te impaguen la renta así que lo normal es que se pacte algún ajuste y el inquilino se quede en la propiedad."
A pesar de la preocupación, algunos profesionales del sector consideran que el impacto de esta situación será marginal. Argumentan que la mayoría de los propietarios priorizarán mantener a sus inquilinos, siempre que estos hayan cumplido con sus pagos y no hayan generado problemas de convivencia o deterioro de la vivienda. La lógica sugiere que un acuerdo mutuo es preferible a un proceso judicial.
“"El problema de una familia vulnerable que no puede pagar el alquiler es de la administración pública."
Desde la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), se critica la gestión de un tema tan sensible como la vivienda mediante decretos que, al ser rechazados, dejan a los ciudadanos en un "limbo" legal. Se estima que, aunque los precios de alquiler han subido significativamente desde 2020, la mayoría de los propietarios no aplicarán subidas drásticas que dejen a los inquilinos en situación vulnerable.
La solución a largo plazo, según los expertos, radica en agilizar los procesos de construcción para aumentar la oferta de vivienda en el mercado, tanto para compra como para alquiler. Se propone trabajar en la edificación de obra nueva y en la implementación de mecanismos que incentiven la vuelta al alquiler de las viviendas vacías, un problema que se ha agravado tras la aprobación de la Ley de Vivienda Estatal de 2023.
