Autoridad Portuaria de Las Palmas: Opacidad en el nombramiento de su director

Se cuestiona la legalidad del contrato del director, Francisco Trujillo, sin cumplir principios de publicidad y capacidad, mientras la institución se niega a revisar el caso.

Imagen genérica de un edificio institucional con luces de emergencia borrosas.
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Imagen genérica de un edificio institucional con luces de emergencia borrosas.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas se enfrenta a críticas por la presunta contratación ilegal de su director, Francisco Trujillo, y su negativa a revisar el caso.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas se encuentra en el centro de la polémica por la situación jurídica de su actual director, Francisco Trujillo. Contratado en 2008 como jefe financiero y promovido a director en 2020, Trujillo presuntamente accedió a sus puestos sin cumplir los principios legales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad exigidos para el acceso al empleo público en las Administraciones.
La institución portuaria ha denegado reiteradamente la información solicitada por el ingeniero José Fernández, exdirector general de Costas, a través del Portal de Transparencia. Incluso, en una reciente reunión del Consejo de Administración, la presidenta, Beatriz Calzada, rechazó la petición de revisión de oficio del nombramiento, mostrando su disconformidad con las iniciativas de exfuncionarios.
Ante la falta de respuesta oficial y el mutismo absoluto tanto de la Autoridad Portuaria como del propio director afectado, Francisco Trujillo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido un tirón de orejas a la entidad por su opacidad. Las resoluciones de este organismo siguen sin ser atendidas, y la información reclamada por el ciudadano José Fernández continúa sin proporcionarse.
José Fernández insiste en que la falta de pruebas sobre el cumplimiento de los principios legales en el acceso de Trujillo a su puesto de trabajo debería conducir a la nulidad de su nombramiento. Esta situación se ve reforzada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre personal laboral temporal, que subraya que la contratación sin los debidos procedimientos vulnera la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público.
El caso ha llegado hasta el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, a quien Fernández ha recurrido para que ordene iniciar el expediente de revisión de oficio. La posible declaración de nulidad del nombramiento podría tener repercusiones en la gestión del organismo, ya que las resoluciones tomadas por el director podrían ser declaradas nulas, acarreando consecuencias legales y económicas para la Autoridad Portuaria.