El personal de la Sección de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Las Palmas ha decidido mantener sus movilizaciones. Esta decisión se produce a pesar de un comunicado emitido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, en el que se informaba que las guardias pendientes desde enero serían abonadas en una nómina complementaria a principios de mayo.
Según el comunicado oficial, el pago incluiría las guardias correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026, así como la del 31 de diciembre de 2025. Para hacer efectivo este abono, la Dirección General de la Función Pública ha iniciado el proceso de apertura del sistema Meta4, con el fin de incorporar los datos necesarios y tramitar las cantidades adeudadas.
El propio departamento reconoce que el retraso se debe a “problemas derivados de la adaptación del sistema de nóminas” de la Dirección General de la Función Pública (DGFP) al nuevo modelo organizativo. Esta situación ha impedido hasta ahora el abono de estas retribuciones. En el comunicado, también se agradece el esfuerzo del personal de Recursos Humanos para agilizar el proceso.
“"Nos dicen los trabajadores de nóminas que están esforzándose mucho, pero ni ellos mismos saben si se va a poder culminar el pago realmente. Llevamos con promesas desde enero."
Sin embargo, la plantilla considera que el anuncio no ofrece garantías suficientes, ya que no se fija una fecha concreta de abono ni se asegura que el pago se materialice en los plazos previstos. Por este motivo, han decidido continuar con las protestas en la entrada de la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria hasta que las cantidades pendientes se hagan efectivas.
El conflicto se originó a principios de año, cuando los funcionarios comenzaron a denunciar retrasos en el cobro de las guardias tras la reorganización del servicio, motivada por la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Los trabajadores afirman que la Plaza número 4 de Violencia sobre la Mujer está sin funcionarios, lo que ha llevado a la plantilla a realizar guardias de 72 horas en cada plaza, doblando turnos, sin que estas horas extra hayan sido remuneradas.
