El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado sobre la interposición de dos contenciosos que afectan al plazo de presentación de ofertas para el servicio de Recogida de Residuos Sólidos. Esta situación podría llevar a una posible suspensión del procedimiento por parte del órgano competente, aunque desde la corporación se confía en que no se produzca.
El concurso, con un presupuesto de licitación cercano a los 157 millones de euros, lleva esperando desde 2022. Los recursos han sido presentados por una empresa de servicios integrales y por la organización sindical UGT Servicios Públicos de Gran Canaria.
Fuentes municipales han explicado que los recurrentes han solicitado la suspensión cautelar, una medida que aún no ha sido adoptada por el tribunal. Por el momento, el procedimiento continúa con normalidad y el plazo de presentación de ofertas no se ha interrumpido, ya que, según el Ayuntamiento, lo habitual es que no se acuerde la suspensión en este tipo de situaciones.
“"UGT considera que esta decisión genera una infrafinanciación estructural del contrato, ya que no se contemplan los costes reales de sustitución de personal."
La posible suspensión o retraso en la adjudicación del servicio implicaría la prolongación de la contratación de emergencia, encargada a una empresa en octubre debido a la situación de riesgo sanitario que enfrentaba la capital grancanaria. Esta contratación de emergencia tiene un coste aproximado de dos millones de euros mensuales.
El recurso del sindicato se centra en la financiación del contrato, argumentando que no se han calculado correctamente los costes laborales, lo que podría obligar a las empresas a reducir gastos a costa de los trabajadores. Se señala que el coste anual de personal se fija en 8,77 millones de euros, con parámetros de absentismo y sustituciones por vacaciones que no se ajustan a la realidad del servicio, donde el absentismo real es significativamente mayor.
Por su parte, el recurso de la empresa privada denuncia supuestos incumplimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, señalando debilidades en el pliego de cláusulas como el sistema de puntuación, la indeterminación de criterios, la exigencia de una solvencia que restringe la participación y la vigencia de ocho años del contrato, que podría limitar la competencia en el mercado.
