Según datos oficiales remitidos por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el programa Canarias ProHogar tramitó 351 expedientes en la provincia de Las Palmas y 320 en la de Santa Cruz de Tenerife. Estas cifras contrastan con el balance anual del Consejo General del Poder Judicial, que contabilizó 1.426 procedimientos de desahucio en el mismo periodo.
La mayoría de estos lanzamientos, un total de 1.129, tuvieron su origen en la imposibilidad de los inquilinos para afrontar el pago del alquiler. Por otro lado, 224 casos correspondieron a ejecuciones hipotecarias. El programa autonómico, integrado en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, tiene como finalidad ofrecer asesoramiento y mediación para intentar evitar la pérdida del hogar o buscar alternativas habitacionales.
El procedimiento de atención comienza con una fase de valoración individual para verificar si la unidad familiar cumple con los requisitos de acceso. Una vez admitida, se activan mecanismos como la solicitud de prórrogas contractuales, la mediación con entidades bancarias o la búsqueda de ofertas de alquiler social, siempre bajo un marco de coordinación entre las distintas administraciones públicas.
