Por segunda ocasión, la administración central ha tomado decisiones unilaterales que afectan directamente a Canarias, sin una consulta previa o la consideración de la autonomía regional. Esta situación ha sido descrita como una imposición, donde las autoridades canarias se ven obligadas a aceptar medidas sin posibilidad de negociación.
Aunque se podría entender un error inicial en la gestión de una crisis sanitaria de repercusión global, la repetición de este patrón en un corto periodo de tiempo elimina cualquier justificación. Esto sugiere una falta de comprensión sobre el funcionamiento descentralizado del país o, en su defecto, una actitud de mala fe por parte de los responsables.
“"En una crisis, la transparencia es clave para que las cosas salgan bien. Por un lado, porque se precisa de la colaboración de todos y, en paralelo, porque si algo que es relevante no se cuenta, se genera desconfianza en la ciudadanía."
La comparecencia de tres ministros y el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para informar sobre la situación del crucero, sin la presencia del presidente de Canarias, fue un claro indicio de esta desconexión. Además, la falta de transparencia sobre la llegada de dos aviones para el traslado de pasajeros generó aún más desconfianza.
La implicación de un cuarto ministerio, el de Transportes y Movilidad Sostenible, cuyo titular debería haber intervenido desde el inicio, agrava la situación. La resolución de Marina Mercante, que permitió la entrada del buque en el puerto de Granadilla, fue redactada de tal manera que abarcaba tanto el fondeo como el atraque, a pesar de que solo se había acordado lo primero. Esta ambigüedad ha sido interpretada como una muestra más de la percepción de Canarias como un territorio de segundo nivel, sin voz ni capacidad de disentir.
