La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado los recursos presentados por el Cabildo, el Ayuntamiento de Telde y la Federación Regional de Taxis de Canarias (Fedetax) contra una sentencia anterior que anulaba las resoluciones del Cabildo de 2021 y 2022. Estas resoluciones establecían un cupo máximo de 20 transfers mensuales por licencia para los taxis que no operan en Telde e Ingenio, una restricción que se mantenía desde hace cinco años, incluso tras la recuperación del tráfico aéreo post-pandemia.
La clave de la decisión judicial, según el magistrado ponente José Suay Rincón, reside en que "no cabe introducir restricciones en el ejercicio de la libertad de empresa basadas en motivos exclusivamente económicos". El TSJC considera que el Cabildo ha actuado de esta manera al mantener la limitación pese a la normalización de la movilidad y el tráfico de viajeros, sin justificar un cambio de circunstancias respecto a la situación previa a la pandemia, cuando no existían tales limitaciones.
La sentencia, que se apoya en jurisprudencia europea y del Tribunal Supremo sobre licencias de VTC y transporte, señala que las excepciones al acceso libre al mercado de transporte deben ser "tasadas y estrictas" y no basarse "exclusivamente" en criterios económicos. El tribunal entiende que la medida del Cabildo no es proporcionada y que existen opciones menos restrictivas.
No cabe introducir restricciones en el ejercicio de la libertad de empresa basadas en motivos exclusivamente económicos.
La Asociación Pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (Asprotac), que recurrió las resoluciones del Cabildo, ha acogido la sentencia con "satisfacción absoluta". Su vicepresidente, Gorki Bethencourt, informa que el colectivo estudia ahora emprender una reclamación judicial por daños y perjuicios causados durante los cinco años de restricciones, que consideran injustificadas. "Si tienen dinero para ir al juzgado para negarnos derechos, lo tendrán para compensarnos", afirmó Bethencourt, quien también destacó que estas restricciones han afectado tanto a taxistas como a usuarios, y pidió al Cabildo que acate la sentencia.
Asprotac recuerda que ya han ganado otros litigios similares y que esta resolución les permite mantener el valor de sus licencias. Subrayan que los taxistas prestan un servicio público y que, pese al "acoso brutal" sufrido por parte de "policías e inspectores", no se consideran "enemigos de la administración", aunque lamentan que el consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, nunca los haya recibido.
