El rechazo al inminente cierre de la histórica oficina de Correos de García Escámez-Somosierra en Santa Cruz de Tenerife suma apoyos significativos. Tras las protestas vecinales, el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha unido fuerzas con los representantes sindicales de CCOO Correos para exigir a la compañía estatal la permanencia de un servicio considerado vital para cientos de residentes de la zona alta de la ciudad.

Esta oficina, operativa desde mediados de los años cuarenta y siendo la segunda más antigua de Santa Cruz, atiende a barrios como García Escámez, Somosierra, Miramar, Chamberí y Buenos Aires. En estas áreas, una parte considerable de la población, especialmente personas mayores, depende de la atención presencial para realizar sus gestiones diarias.

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha intensificado sus gestiones para intentar detener el cierre, programado por Correos para el próximo 29 de mayo. El alcalde Bermúdez ha mantenido reuniones con colectivos vecinales y responsables sindicales de Comisiones Obreras Correos, quienes han expresado de forma unánime su rotunda oposición a la clausura. En estos encuentros participaron Rosana Vázquez, secretaria de Acción Sindical de CCOO Correos, y Asdrúbal González, secretario de Organización Sindical de CCOO Correos.

Los representantes sindicales comparten la preocupación vecinal, señalando que la desaparición de esta sucursal deterioraría la calidad del servicio público y crearía dificultades adicionales para las personas mayores. El alcalde Bermúdez enfatizó que la oficina es más que un punto de envío y recepción; es un recurso de proximidad para pagos, trámites administrativos y atención personalizada.

Bermúdez defendió especialmente la necesidad de mantener el servicio para la población de mayor edad, destacando que no todos pueden realizar gestiones por internet y señalando las dificultades de movilidad hacia la oficina de Cruz del Señor, a donde se pretende centralizar el servicio. La orografía de la zona y la falta de conexiones de transporte público cómodas harían muy difícil el desplazamiento para muchos vecinos.

Desde el Ayuntamiento se considera que el cierre no solo afectaría al servicio postal, sino también a la cohesión social de barrios históricamente vinculados a esta sucursal. Los vecinos de Somosierra y García Escámez ya expresaron su profundo malestar, alertando sobre los problemas de movilidad y saturación que generaría el traslado del servicio. La asociación vecinal Somosierra Activa, liderada por Arturo Plasencia, ha encabezado las protestas, calificando la oficina como 'un lugar emblemático por su historia al servicio de la comunidad' con más de ochenta años de atención.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos justifica la decisión como parte de un proceso de reorganización para 'prestar un servicio más eficiente', confirmando el cierre el 29 de mayo y la derivación de la actividad a la oficina de Cruz del Señor. Aseguran que el personal será reubicado en otras sedes. Sin embargo, vecinos y sindicatos cuestionan estos argumentos, sosteniendo que la medida perjudica a una población envejecida dependiente de la atención presencial.

Ante la creciente preocupación social, José Manuel Bermúdez ha enviado una comunicación formal a la dirección de Correos solicitando la reconsideración de la decisión. El Ayuntamiento insiste en la importancia de preservar los servicios públicos básicos en los barrios y evitar la pérdida de recursos que forman parte de la vida cotidiana y la identidad de zonas como Somosierra o García Escámez, argumentando que la desaparición de oficinas de proximidad aumenta las desigualdades territoriales.

La oficina de García Escámez, abierta a principios de los años cuarenta, ha sido un pilar para barrios como Somosierra, García Escámez, Buenos Aires, Miramar y Chamberí. Su evolución de servicios de correspondencia a punto de pago de recibos y trámites administrativos la convierte, para muchos residentes mayores, en uno de los últimos servicios públicos de referencia en la zona. Por ello, asociaciones vecinales, sindicatos y el Ayuntamiento unen fuerzas para intentar frenar esta decisión.