Las principales centrales sindicales de Santa Cruz de Tenerife han expresado su preocupación ante el impacto que la inminente implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tendrá sobre la Policía Local. Argumentan que la nueva normativa, ya aprobada inicialmente por el Ayuntamiento, podría suponer una reducción de efectivos policiales en las calles dedicados a la seguridad ciudadana, al tener que asumir nuevas funciones de control y supervisión de la ZBE.
Las organizaciones sindicales denuncian la falta de negociación colectiva y exigen garantías organizativas, jurídicas y de prevención de riesgos laborales. Señalan que la gestión de la ZBE implicará para la Policía Local labores de control de accesos, supervisión de incidencias, atención ciudadana relacionada con el sistema sancionador y el manejo de sistemas automatizados de control.
“"La implantación de la ZBE puede suponer una detracción significativa de efectivos policiales destinados actualmente a funciones de seguridad ciudadana, prevención y atención ordinaria de incidencias. No se acredita la existencia de un refuerzo específico de plantilla que permita asumir las nuevas funciones sin afectar al servicio ordinario."
Los sindicatos critican la ausencia de una memoria específica en el expediente que analice el impacto real de estas nuevas obligaciones en la plantilla policial y que cuantifique las necesidades de personal, medios materiales, formación o recursos presupuestarios. Advierten que una planificación inadecuada podría desviar agentes de sus funciones esenciales, afectando la prestación ordinaria del servicio público.
Además, se pone de manifiesto la falta de evaluación de riesgos laborales asociados a la nueva regulación, incluyendo el incremento de la presión operativa, la conflictividad ciudadana y los riesgos psicosociales derivados de la aplicación de la ordenanza.
Por ello, solicitan la suspensión de la tramitación de la ordenanza hasta que se complete el proceso de negociación colectiva y se incorporen las garantías necesarias para proteger tanto la calidad del servicio público como los derechos de los trabajadores. La ordenanza, aprobada inicialmente en abril, restringe el tráfico de vehículos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel antes de 2026 en el perímetro interior de la ciudad, con horario de lunes a sábado de 7:00 a 20:00 horas.
