El colectivo de afectados por las oposiciones de 2023 para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria ha pedido formalmente amparo y auxilio institucional del Parlamento de Canarias “ante las graves irregularidades que vienen siendo denunciadas en relación con dicho procedimiento selectivo”. La iniciativa busca poner en conocimiento de la Cámara una situación que, a juicio de los afectados, trasciende el interés particular y “afecta directamente a los principios constitucionales que deben regir el acceso a la función pública: mérito, capacidad, igualdad, objetividad, transparencia e imparcialidad”.
Esta solicitud se produce después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas apreciara indicios que podrían ser constitutivos de delitos relacionados con la gestión del proceso selectivo y acordara la remisión de las actuaciones al órgano judicial competente para su investigación. Los afectados consideran que la continuidad del procedimiento mientras se desarrollan investigaciones judiciales “genera una profunda preocupación y puede comprometer la seguridad jurídica de todos los participantes, así como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”.
El colectivo exige públicamente a la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que comparezca ante el Parlamento y ofrezca explicaciones claras sobre las actuaciones que piensa adoptar tras la judicialización de los hechos. Los afectados recuerdan que la propia consejera manifestó previamente que si la Fiscalía apreciaba indicios suficientes, su departamento actuaría para garantizar la legalidad y esclarecer los hechos.
Dado que la Fiscalía ya ha apreciado indicios de posibles ilícitos penales, el colectivo considera “imprescindible” que el Gobierno de Canarias informe públicamente sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica. “No estamos ante una cuestión particular de unos opositores. Estamos ante la necesidad de garantizar que el acceso a la función pública se produzca con todas las garantías legales, con plena transparencia y con absoluto respeto a los principios constitucionales”, resaltan.
Paralelamente, el mismo colectivo ha abierto una cuestación pública para hacer frente a los gastos judiciales, que ya ascienden a más de 20.000 euros. Además de la vía penal, mantienen un recurso contencioso-administrativo activo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) con solicitud de medidas cautelares urgentes.
