Esta propuesta implica que cada estudiante con necesidades específicas de apoyo educativo sea contabilizado como dos a efectos de cómputo de plazas, con el fin de ajustar las ratios en las aulas. La iniciativa surge tras una reunión entre representantes sindicales y la Consejería de Educación, donde se abordaron diversas “medidas prioritarias” para mejorar las condiciones laborales del profesorado y fortalecer el sistema educativo.
El sindicato destaca el creciente número de estudiantes con diferentes tipos de necesidades de apoyo educativo en los últimos años, que van más allá de las contempladas inicialmente por la administración. Estos perfiles incluyen a alumnos con trastornos del aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad, incorporación tardía al sistema educativo, altas capacidades intelectuales o condiciones personales o de historia escolar especiales.
“"Este escenario exige una mayor dedicación horaria por parte del profesorado, que resulta materialmente imposible si no se aplica una disminución específica del tamaño del grupo por la presencia de cada uno de estos alumnos."
Entre las propuestas de “coste cero” que podrían implementarse de inmediato, ANPE mencionó el reconocimiento automático de los sexenios —complemento por formación permanente—, ya que Canarias es la única comunidad donde el profesorado debe solicitarlos. También se planteó la necesidad de reconocer días de libre disposición para los docentes, una práctica común en gran parte del país.
Asimismo, se abordó la revisión del protocolo de intervención ante riesgo suicida en centros educativos. El sindicato reiteró su petición de que la intervención en estos casos sea responsabilidad de profesionales sanitarios especializados, evitando asignar estas funciones al profesorado. Otras medidas incluyen el pago de los meses de julio y agosto a los interinos con al menos cinco meses y medio trabajados, y campañas institucionales para valorar la labor docente.
Las propuestas de mayor impacto económico incluyen la reducción específica de ratios por alumnado NEAE, la dotación de horas para su coordinación y trabajo, y el establecimiento de una bolsa horaria para la inclusión de alumnos no hispanohablantes. También se solicitó aumentar las horas para jefaturas de departamento y tutorías, y la transferencia del profesorado de religión de infantil y primaria a la administración autonómica.
