Un informe de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental (CAEA) del Gobierno de Canarias alerta sobre el impacto de las 24 jaulas marinas proyectadas frente a las costas de La Aldea de San Nicolás y Artenara. Se prevé que estas instalaciones viertan anualmente unas 740 toneladas de heces y residuos al fondo marino, con el riesgo de generar "alteraciones ecológicas importantes".
La futura piscifactoría, que albergaría hasta 5,5 millones de lubinas al año y consumiría unos 850.000 kilos de pienso mensualmente, se ubicaría en aguas oligotróficas, pobres en nutrientes. Los técnicos del Ejecutivo regional advierten que este aporte masivo de materia orgánica alteraría el delicado equilibrio ecológico, afectando tanto a la columna de agua como a los fondos marinos.
El documento también señala que la acumulación de residuos, sumada al aumento de la temperatura del agua por el cambio climático (superando los 24 grados), podría favorecer la proliferación de la cianobacteria marina Lyngbya majuscala. Esta bacteria produce toxinas que pueden causar irritaciones en humanos y ser letal para aves y tortugas.
La CAEA recuerda que la ubicación es clave para el impacto de una piscifactoría. Las zonas más adecuadas son las alejadas de la costa, con mayor profundidad y fuertes corrientes. Sin embargo, el informe señala que la ubicación proyectada en el litoral norte de Gran Canaria no cumple estos requisitos, al situarse a solo 840 metros de la costa y cerca de espacios protegidos como la ZEPA y la ZEC ‘Sebadales de GüíGüí’.
Los estudios de la promotora, Gran Canaria Bass Company SL, filial de una empresa de Emiratos Árabes Unidos, admiten que las corrientes podrían llevar partículas hasta la costa, afectando a las algas de los fondos rocosos. Además, ocho de las 24 jaulas se ubicarían a menos de 40 metros de profundidad, incumpliendo el artículo 39 del Plan Regional de Acuicultura (PROAC) que exige una profundidad mínima del doble del calado de la red (20 metros).
La zona donde se proyecta la piscifactoría está catalogada como Zona de Uso Prioritario para la Protección de la Biodiversidad (ZUPPB), aunque se solapa con la Zona de Alto Potencial para la Acuicultura (ZAPAC). La macrogranja afectaría a fondos arenosos colonizados por la anguila jardinera y a hábitats de interés comunitario, además de la presencia del tiburón angelote, especie en peligro de extinción.
El Cabildo de Gran Canaria alerta también del impacto "importante" sobre el alga parda (mujo amarillo), catalogada como vulnerable, y otras algas vulnerables como la Gelidium canariense. La sombra de los viveros y las líneas de fondeo afectarían a estas especies de forma "no puntual, temporal y reversible".
La CAEA advierte de un riesgo real de "escape supermasivo" de lubinas debido a los temporales marinos en la zona. Estos ejemplares podrían depredar especies de interés pesquero, como juveniles de boga o vieja. Entre 1998 y 2009 se registraron 16 fugas masivas en Canarias, y en 2010 escapó el 90% de una granja en La Palma.
Debido a estos impactos, la CAEA considera que el proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, la más exhaustiva, por sus "efectos significativos sobre el medio ambiente". Este procedimiento está en curso y puede prolongarse durante años.
Organizaciones como Greenpeace, la Plataforma por un Mar Limpio y pescadores artesanales han alertado sobre los planes de Gran Canaria Bass Company SL, filial de SSB Holding, que busca expandirse en otros países además de impulsar proyectos en Lanzarote y Tenerife.
El PSOE de La Aldea ha solicitado transparencia y las conclusiones de un estudio municipal sobre el desarrollo pesquero y acuícola. Activistas como Vanessa Santana, de Greenpeace, señalan un "rechazo muy amplio" de la población local, que teme perjuicios a la pesca tradicional, al muelle logístico y al entorno natural de GüíGüí.
