El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha presentado su Memoria Judicial correspondiente a 2025, un informe que subraya la eficacia de los órganos judiciales del Archipiélago, manteniéndose entre los más resolutivos de España. A pesar de una carga de trabajo superior a la media nacional, las cifras de actividad judicial en Canarias superan los indicadores del resto del país.
En 2025, los 222 órganos judiciales canarios dictaron una media de 496,98 sentencias por órgano, un 13,9% más que la media nacional. Emitieron 1.109,61 autos (+24,4%) y 419,88 decretos (+11,5%). Globalmente, resolvieron un 16,6% más de asuntos por órgano que la media estatal, reflejando una alta operatividad.
Canarias lidera la litigiosidad en España por séptimo año consecutivo, con 202,06 asuntos por cada mil habitantes. Este índice, el más elevado del país, se distribuye en todas las jurisdicciones: penal (89,39), civil (90,69), contencioso-administrativa (7,22) y social (14,76), superando ampliamente las medias nacionales.
El informe detalla un incremento del 21,5% en delitos relacionados con la violencia infantil y adolescente, tramitándose 1.020 asuntos en 2025. Los casos más frecuentes fueron violencia en el ámbito familiar (452) y delitos contra la libertad sexual (402). La edad media de las víctimas fue de 12 años, principalmente entre 10 y 16 años.
En cuanto a la violencia de género, se registraron 11.451 denuncias, un 0,5% menos que el año anterior, y el número de víctimas descendió a 10.326. A pesar de esta ligera bajada, Canarias mantiene una de las tasas más altas de víctimas del país, con cinco presuntos homicidios machistas en 2025.
La jurisdicción contencioso-administrativa sigue bajo alta presión debido a los recursos de extranjería. A pesar de la disminución del 62% en llegadas irregulares, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC acumula más de 10.000 recursos pendientes, advirtiendo que se necesitarían casi nueve años para resolver el volumen actual sin nuevas entradas.
El partido judicial de Valverde, en El Hierro, también enfrenta dificultades por la presión migratoria, requiriendo mejoras en recursos policiales, forenses e infraestructuras judiciales.
