El Artículo 2 de la Constitución Española reconoce la autonomía, pero siempre dentro de la unidad del Estado. Esto implica que la autonomía no es ilimitada, sino un ejercicio de madurez territorial integrado en un ámbito político y jurídico superior. Para acceder a ella, es necesario un proceso autonómico y la aprobación de un Estatuto de Autonomía, como el de Canarias en 1982.
El Estatuto de Autonomía de Canarias es la norma institucional básica del archipiélago, subordinada a la Constitución Española y compatible con las obligaciones internacionales. En él se recogen las competencias que la Comunidad Autónoma ejerce para gestionar los intereses regionales, siempre dentro del marco constitucional y aplicando el principio de solidaridad con el resto de comunidades.
La autonomía no equivale a independencia o soberanía separada, ya que el Estado se reserva mecanismos de control constitucional, como el Artículo 155 de la Constitución. Este artículo se aplica en casos de incumplimiento grave de obligaciones o cuando una Comunidad Autónoma atente contra el interés general de España. Las leyes dictadas por el Parlamento de Canarias, por ejemplo, están sujetas al control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.
“"No resulta coherente reivindicar amplios márgenes de autogobierno y, simultáneamente, trasladar al Estado la resolución inmediata de cada crisis que excede la capacidad de respuesta autonómica."
La verdadera madurez autonómica implica ejercer eficazmente las competencias estatutarias, como la de infraestructuras ferroviarias asumida por Canarias desde 1982 y aún sin desarrollar. También significa comprender que el Estado es el garante último de la integridad constitucional y territorial, y que la política exterior y las decisiones que exceden los intereses regionales le corresponden.
El Estado no desaparece con el ejercicio de competencias autonómicas; permanece supervisando, coordinando, financiando y compensando desequilibrios. Es el responsable de la solidaridad interterritorial, las pensiones, la seguridad pública, el control de fronteras y las grandes infraestructuras estratégicas de Canarias. Interviene cuando una Comunidad Autónoma no puede afrontar problemas por sí sola.
Debido a su condición ultraperiférica, fragmentada y alejada del continente, Canarias depende aún más de esta estructura estatal para garantizar la conectividad, sostener inversiones estratégicas, afrontar crisis migratorias y compensar los sobrecostes de la insularidad. La madurez autonómica reside en reducir progresivamente estas dependencias mediante un autogobierno responsable dentro del Estado, no al margen de él.
