El sector comercial de Canarias, abarcando grandes, medianas y pequeñas empresas, ha enviado un escrito a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias solicitando la eliminación de la exención del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) para las compras online realizadas hasta el 1 de julio, valoradas en hasta 150 euros. Esta petición coincide con la entrada en vigor de un arancel de tres euros para todos los productos adquiridos por internet en terceros países, medida que afectará especialmente a plataformas chinas como Temu o Shein.
Los comerciantes consideran esta franquicia fiscal, vigente desde 2016, como una forma de "competencia desleal", ya que ellos sí deben cobrar y declarar el IGIC a sus clientes. Argumentan que la aplicación del nuevo arancel de tres euros, que generaliza la declaración aduanera obligatoria, elimina la justificación previa para mantener la exención del IGIC en compras de menor valor. "Si ahora hay que hacer esa declaración para los 3 euros del arancel, también se puede hacer para el IGIC por las compras de menos de 150 euros", señalan.
La franquicia fiscal se estableció originalmente para evitar trámites aduaneros complejos que desincentivaban el comercio electrónico en las islas. Sin embargo, el sector comercial sostiene que, con la obligatoriedad de la declaración para el arancel, la exención del IGIC pierde su sentido. "Hoy, todos los envíos estarán sujetos a declaración y ya existen sistemas digitales plenamente operativos", afirman fuentes del sector.
Fuentes próximas al sector comercial indican que el Gobierno de Canarias debe actuar para corregir esta desigualdad fiscal. "A partir del 1 de julio, el sistema de exención del IGIC deja de tener justificación. El Gobierno tiene los instrumentos, tiene el respaldo institucional y tiene una fecha clara", añaden, subrayando que la decisión es una cuestión de "justicia" y de "igualdad de condiciones".
Se recuerda que la Unión Europea suprimió la exención fiscal del IVA para envíos de bajo valor en todo el territorio continental en 2021, debido a motivos de fraude y distorsión de la competencia. Canarias, al mantener la exención del IGIC, se convierte en el único territorio europeo donde los envíos de comercio electrónico de bajo valor no tributan, generando una "asimetría fiscal estructural" y una "divergencia fiscal difícilmente sostenible".
Además, la competencia desleal de plataformas extracomunitarias que venden sin carga fiscal en las islas inunda el mercado, perjudicando a los negocios locales. El sector también destaca que en 2022 el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una proposición no de ley instando a la supresión de esta exención.
El sector comercial subraya el impacto negativo de esta exención en las tiendas físicas, que emplean a casi 160.000 personas y ven mermadas sus ventas. Se estima que en Canarias se distribuyen diariamente unos 170.000 envíos de comercio electrónico, la mitad de ellos por debajo de los 150 euros, entrando "sin pagar impuestos, sin crear empleo local y con un impacto directo y creciente sobre el comercio presencial canario".
Finalmente, advierten del aumento de emisiones y residuos derivados de la distribución masiva de paquetería extracomunitaria, y urgen al Gobierno de Canarias a actuar para modificar el sistema fiscal.




