La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, informó al Consejo de Gobierno sobre estas concesiones. La finalidad principal es cubrir los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de la prestación de este servicio esencial.
Los beneficiarios directos de estas subvenciones son los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, así como los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Estas entidades son las responsables de retribuir a los profesionales adscritos al turno de oficio, quienes brindan defensa jurídica a personas con recursos económicos limitados.
El presupuesto para 2026 también contempla un incremento en los baremos retributivos de estos profesionales. Tras una subida del 15% aplicada en 2025, este año se ha aplicado un aumento del 7%. Se prevé que el proceso culmine en 2027 con un incremento adicional del 8%, sumando un aumento acumulado del 30% en los módulos retributivos, en línea con el acuerdo suscrito para actualizar las cuantías según el IPC.
Adicionalmente, el coste de la justicia gratuita en Canarias incluye la asistencia jurídica a personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas del archipiélago, un servicio cuyo importe sigue pendiente de ser abonado por el Estado.
