Esta herramienta, considerada clave para intervenir en el mercado residencial, tiene como objetivo principal incrementar la oferta de vivienda disponible. El contrato, gestionado a través de la empresa pública VISOCAN, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y permitirá desplegar un servicio completo que incluye el diagnóstico territorial, la captación de viviendas, la preevaluación de demandantes, la intermediación entre propietarios e inquilinos, la formalización de contratos y el seguimiento de los arrendamientos.
La finalidad de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible de Canarias es facilitar la función social de la vivienda, aumentando la oferta de alquiler a precios por debajo del mercado y mejorando el acceso a la vivienda para los ciudadanos con ingresos limitados. Esta medida se presenta como una solución eficiente y sostenible, ya que prioriza la movilización del parque residencial ya existente, evitando un mayor consumo de suelo y recursos públicos, así como plazos de ejecución más largos, aspectos especialmente relevantes en el contexto territorial de Canarias.
Esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo canario para abordar la situación del mercado de la vivienda, combinando la construcción de nuevas unidades con iniciativas para optimizar el uso del parque existente y facilitar el acceso a alquileres asequibles en condiciones de seguridad para ambas partes. Entre las medidas complementarias, se destaca la aprobación en marzo de 2026 de un nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas públicas, sustituyendo el sistema de sorteo por un modelo de baremación basado en criterios objetivos económicos, sociales y familiares.
Asimismo, en abril de 2025 se aprobó un decreto ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas e impulsar la construcción de viviendas, permitiendo a los ayuntamientos otorgarlas en menos de seis meses. Esta normativa introdujo la figura de la Vivienda Asequible Incentivada, dirigida a las clases medias, posicionando a Canarias como pionera en su desarrollo. Previamente, en febrero de 2024, el Gobierno ya había aprobado un decreto ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional.
El Instituto Canario de la Vivienda ha visto reforzado su presupuesto, lo que ha permitido activar un parque de aproximadamente 4.000 viviendas en distintas fases, con cerca de 2.000 en planificación y otras 2.000 en construcción, además de más de 200 viviendas adquiridas y más de 150 ya finalizadas. Este esfuerzo se complementa con ayudas directas al alquiler y el diseño de la Hipoteca Joven Canaria, un instrumento innovador que cubrirá hasta el 95% del valor de la vivienda mediante aval público.
Finalmente, el I Congreso de Vivienda de Canarias, celebrado en diciembre de 2025, sirvió como foro para consolidar una estrategia compartida entre administraciones, expertos y el sector privado, impulsando iniciativas como la propia Bolsa Activa de Vivienda Asequible.




