La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó este lunes que el ejecutivo canario no tolerará que la nueva normativa comunitaria convierta al archipiélago en una "cárcel" para las personas migrantes. Esta declaración se produjo antes de presidir el Foro Canario de la Inmigración, un encuentro que contó con la presencia del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, y representantes de diversas ONG.

La principal inquietud radica en la posibilidad de que Canarias, al ser la principal puerta de entrada por el sur a la Unión Europea, se convierta en el punto de contención más accesible para aquellos migrantes a quienes se les deniegue el asilo y deban ser repatriados. La falta de información detallada sobre cómo se gestionará la "primera acogida" y los espacios de espera para el retorno genera incertidumbre.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, compartió la preocupación de Delgado, señalando la escasez de claridad sobre las implicaciones prácticas del pacto. Lorenzo advirtió sobre el riesgo de que el retorno no sea viable, transformando las islas en un espacio de retención prolongada. El actual sistema de atención humanitaria, que incluye una primera acogida en las islas y derivación posterior a la península, podría verse afectado a partir de junio.

Además, Lorenzo destacó la preocupación por la posible devolución de migrantes a países con los que no tienen vínculos o donde los derechos humanos son cuestionables, lo que podría derivar en una "mercantilización de derechos". En cuanto a los menores migrantes no acompañados, la consejera Delgado confirmó que los traslados hacia el resto del territorio nacional "siguen" según lo establecido, aunque pendientes de la publicación de un nuevo decreto que agilice los trámites.