La regularización extraordinaria de migrantes ha comenzado en Canarias, pero se encuentra con un importante impedimento: el certificado de vulnerabilidad. Según ha señalado un coordinador de una organización de ayuda al refugiado en las islas, este documento es la principal solicitud de las personas que acuden a sus oficinas y el mayor obstáculo para completar el trámite.

Este certificado es fundamental para acreditar una situación de vulnerabilidad, como la dificultad para encontrar empleo o la falta de ingresos. No obstante, no es un requisito universal. Están exentos quienes ya han solicitado asilo, han trabajado previamente, poseen una oferta de empleo, o viven en una unidad familiar con menores o dependientes a su cargo. Solo es obligatorio para aquellos que no cumplen ninguna de estas condiciones.

La frustración es evidente, ya que, para una gran mayoría de los solicitantes, este certificado es el único requisito pendiente. Esta situación ha llevado a cuestionar la pertinencia del requisito, argumentando que una persona en situación irregular ya se encuentra en una posición de vulnerabilidad intrínseca.

Para obtener el documento, los interesados deben dirigirse a los servicios sociales municipales o a entidades colaboradoras acreditadas. La información oficial está disponible en las páginas web del Ministerio de Inclusión y del Gobierno de Canarias, que ha habilitado un portal específico con geolocalización de los puntos de solicitud. El gran reto es asegurar que el sistema tenga la capacidad necesaria para gestionar todas las peticiones.

Varios ayuntamientos canarios ya están colaborando para atender la alta demanda. En Gran Canaria, se puede solicitar cita a través del teléfono 010, y el municipio de Santa Lucía planea activar un punto de atención específico. La implicación de los servicios sociales municipales se considera crucial para extender el alcance del proceso a todo el territorio.

Paralelamente a este proceso, se ha registrado una drástica disminución en la llegada de migrantes a Canarias. A fecha de 15 de abril, el descenso es del 82% en comparación con el año anterior. Esta bajada se atribuye a las políticas de control fronterizo y a los acuerdos de externalización de fronteras entre España y la Unión Europea con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.

Se critica que estas políticas se centran en “respuestas securitarias” en lugar de “generar bienestar”, lo que fuerza a los migrantes a emprender rutas cada vez más peligrosas y extensas, partiendo desde lugares tan lejanos como Gambia o Guinea, haciendo la travesía mucho más compleja y dramática.

En este contexto, las palabras del obispo de la Diócesis de Canarias, que instó a la empatía hacia la dureza de la ruta atlántica, han sido calificadas como “muy conscientes y contundentes” por el coordinador de la organización de ayuda al refugiado. Estas declaraciones buscan visibilizar la difícil situación que enfrentan estas personas y fomentar una reflexión sobre la responsabilidad colectiva.

A pesar de los desafíos, la organización confía en que el proceso de regularización se desarrolle de la manera más normal y garantista posible. No se descarta la posibilidad de ampliar el plazo, flexibilizar requisitos o reforzar capacidades si la situación lo demanda, dado que el plazo actual finaliza el 30 de junio.