El ejecutivo autonómico, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha valorado positivamente la iniciativa del Consejo de Ministros que busca asegurar el carácter permanente de la vivienda pública y combatir la especulación. Un portavoz del área de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha subrayado la importancia de que la vivienda social no pueda ser privatizada ni patrimonializada.

Esta postura, sin embargo, contrasta con la de su socio de gobierno, el Partido Popular, que ha manifestado su intención de boicotear el plan en otras comunidades autónomas donde ejerce el gobierno. El portavoz canario ha insistido en la necesidad de proteger el carácter inalienable de la vivienda pública, recordando que la comunidad ya legisló en este sentido en 2024, prohibiendo la venta de vivienda pública en el mercado libre.

A pesar del respaldo al objetivo principal, el Gobierno de Canarias no está conforme con el modelo de financiación del plan, que asciende a 7.000 millones de euros. Las comunidades autónomas deben aportar el 40% de los fondos, mientras que el Estado cubre el 60% restante. El portavoz ha criticado la escasa participación de las autonomías en la elaboración del plan, señalando que el contenido definitivo no se conoció hasta el día de su aprobación.

Asimismo, existe desacuerdo con la asignación de 371 millones de euros para Canarias, ya que los criterios de reparto se basan en datos de población ajustada y variables socioeconómicas que consideran desactualizados, algunos de ellos datando de 1991. Según los cálculos de la consejería, con datos actualizados, la región podría recibir hasta 500 millones de euros, lo que representa una diferencia significativa.