La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, aseguró este martes en el Parlamento regional que el Gobierno de Canarias ha completado todas las gestiones administrativas y de justificación necesarias para acceder a los fondos de 2026 destinados a proyectos contra la violencia machista. Señaló que se está trabajando para que, una vez el Estado efectúe la transferencia, los recursos lleguen con celeridad a las entidades que desarrollan actuaciones de prevención, atención y protección frente a la violencia de género.
Delgado rechazó así las acusaciones de inacción vertidas por entidades que colaboran en proyectos para la prevención de la violencia hacia las mujeres y la protección de las víctimas, quienes critican al Ejecutivo canario por una supuesta parálisis que podría hacer perder recursos.
La consejera negó nuevamente la existencia de retrasos atribuibles a la comunidad autónoma, recordando que en la anterior legislatura hubo dos ejercicios sin justificar. Subrayó que el procedimiento depende de una transferencia estatal pendiente y que, mientras tanto, se ha preparado todo el trabajo previo para garantizar una gestión ágil, transparente y eficaz de los fondos, según un comunicado del Gobierno.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social y del Instituto Canario de Igualdad (ICI), continúa avanzando en la preparación y planificación de los proyectos a financiar con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género correspondientes a 2026, a pesar de que la transferencia económica por parte del Estado aún no se ha materializado.
La Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el pasado 15 de abril el reparto de los fondos para este ejercicio, asignando a Canarias 9,2 millones de euros. Aunque el acuerdo se publicó en el Boletín Oficial del Estado, los recursos aún no han sido transferidos a la comunidad autónoma.
Para evitar demoras una vez se reciban los recursos, el Instituto Canario de Igualdad ya ha informado a los centros directivos de la Administración autonómica, a los cabildos insulares y a las entidades especializadas sobre la posibilidad de presentar propuestas alineadas con los requisitos del Pacto de Estado.
«Queremos que cada euro destinado a combatir la violencia de género llegue a actuaciones sólidas, evaluables y alineadas con los objetivos del Pacto de Estado. Por eso estamos realizando un trabajo previo de planificación y valoración que permitirá optimizar los recursos disponibles y reforzar la seguridad jurídica de todo el procedimiento», concluyó la consejera.
