El responsable de la Dirección General de Seguridad ha destacado la visión de construir un modelo de seguridad pública integral en Canarias. Este modelo se fundamenta en las competencias que el Estatuto de Autonomía otorga a la Comunidad Autónoma para definir políticas de seguridad y organizar su propia policía con funciones amplias. Se prevé la creación de un Consejo de Seguridad Pública de Canarias, un órgano consultivo que incluirá a todas las fuerzas policiales y a la Administración de Justicia, además de un sistema de intercambio de información entre cuerpos.

Se ha aclarado que las policías locales no quedarán supeditadas al Cuerpo General de la Policía Canaria. La nueva legislación respeta la autonomía municipal y busca una coordinación supramunicipal, unificando materias comunes y beneficiosas para ambos cuerpos. Esto implica la derogación de la actual ley de la policía autonómica y la creación de un único texto normativo que aglutine a ambos, actualizando leyes que datan de 1997 para las policías locales y de 2008 para la Policía Canaria.

Respecto al despliegue del cuerpo autonómico en las islas no capitalinas, se reconoce un retraso, pero se articula bajo un modelo de cooperación institucional basado en criterios técnicos y optimización de recursos. Actualmente, la Policía Canaria cuenta con unos 300 efectivos, y hay convocatorias en curso para incorporar más personal. Se están adaptando inmuebles en Fuerteventura y Lanzarote para comisarías, y recientemente se ha dispuesto de uno en La Gomera. El objetivo es que el despliegue sea una realidad este año con la incorporación de los 143 efectivos que están en la última fase de formación y otros 150 ya convocados.

La Policía Canaria está preparada para asumir nuevas competencias, tal como lo establece el artículo 148 del Estatuto, que abarca un concepto amplio de seguridad y protección. Tras un acuerdo con la Delegación del Gobierno, se ha iniciado una asunción gradual de competencias en el traslado de menores con medidas judiciales, que se integrará plenamente a medida que se incorporen más efectivos. Se busca que las competencias de la policía autonómica sean plenamente integrales, no solo complementarias o de colaboración, sin que esto implique un choque con las fuerzas policiales del Estado, sino una ayuda al sistema de seguridad de las Islas.

En cuanto a la financiación, se considera una reivindicación justa que el Estado financie los 1.400 efectivos que reclama el decreto canario. Se argumenta que otras comunidades autónomas con cuerpos de policía propios ya reciben financiación estatal, y que tras la reforma del Estatuto de 2018, Canarias está a la par en competencias de seguridad pública con regiones como Cataluña o el País Vasco.