El Gobierno de Canarias está implementando medidas para ofrecer una respuesta individualizada a los más de 500 pacientes que permanecen en hospitales del archipiélago a pesar de haber recibido el alta médica. Esta situación afecta especialmente a personas mayores dependientes que no pueden regresar a sus domicilios por carecer de los apoyos o recursos necesarios para su atención.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló en sede parlamentaria que este es uno de los desafíos sociosanitarios más complejos, requiriendo la coordinación entre diversas administraciones para hallar soluciones adaptadas a cada caso. La situación genera una presión considerable sobre el sistema sanitario, particularmente en hospitales de islas no capitalinas, donde la ocupación de camas por pacientes con alta médica limita la capacidad asistencial.
Para abordar esta problemática, el Ejecutivo regional mantiene una coordinación constante entre las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, los cabildos insulares y los servicios sociales municipales. Se ha activado un protocolo sociosanitario para identificar en el propio hospital aquellos casos donde el paciente no puede ser dado de alta por falta de atención posterior garantizada.
Una estrategia clave consiste en agilizar los procedimientos de dependencia. Según la consejera, para aquellos en esta situación sin trámite iniciado, se establece un plazo máximo de un mes para resolver su expediente y determinar el recurso idóneo, ya sea una plaza residencial, ayuda a domicilio o un servicio de transición temporal.
La diversidad de necesidades de estos pacientes es considerable. Algunas personas requieren atención continua en centros especializados, mientras que otras podrían volver a casa con apoyo domiciliario. Existen también casos complicados por factores familiares, sociales o jurídicos. En algunas situaciones, el Gobierno de Canarias ha solicitado la colaboración de la Fiscalía ante la posible implicación de familiares en la asunción de responsabilidades de cuidado.
El Ejecutivo autonómico prioriza el avance en estas soluciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes y, a la vez, aliviar la presión hospitalaria, liberando camas ocupadas por personas que ya no requieren atención médica pero sí recursos sociosanitarios.
