La diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, calificó la futura Ley de Autoridad Docente como una norma "para quedar bien con su electorado", argumentando que muchas de sus disposiciones ya están contempladas en legislaciones previas como la LOE o el decreto de convivencia de 2011. La formación política presentó este jueves un total de 19 enmiendas con el objetivo de "mejorar" la ley, que busca otorgar la presunción de veracidad al profesorado.

Hernández señaló que las leyes de autoridad docente suelen ser promovidas por el Partido Popular y tienen un componente ideológico que, a su juicio, renuncia a favorecer la convivencia escolar y la prevención de conflictos. "Nosotros no estamos en contra de respaldar esa autoridad, todo lo contrario, pero creemos que además de decirlo hay que implementar medidas reales para que sea efectivo ese respaldo", matizó.

La propuesta de Nueva Canarias se centra especialmente en la dotación de recursos en el aula, sugiriendo medidas como la docencia compartida, la incorporación de auxiliares o la reducción de ratios. La diputada aludió al incremento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) sin un aumento proporcional de recursos o personal especializado.

Además, la formación plantea mejoras retributivas para "prestigiar la función docente", proponiendo aumentar los complementos para tutores, equipos directivos y docentes que trabajan en entornos desfavorecidos. Hernández defendió que las circunstancias socioeconómicas de las familias influyen en el ambiente del aula.

Una de las medidas clave propuestas es la creación de un observatorio de la convivencia escolar para recopilar datos oficiales sobre el ambiente en las aulas y poder implementar medidas adecuadas, ya que actualmente "no hay datos oficiales" sobre esta cuestión.

Hernández afirmó que las enmiendas de NC se han desarrollado tras escuchar a sindicatos, familias y al Consejo Escolar de Canarias (CEC). "Todo el mundo coincide en que existe un malestar y un desgaste psicológico y emocional del profesorado, que se ve desbordado por la burocracia y falta de apoyo en las aulas", incidió.

Finalmente, la diputada espera que el Gobierno muestre voluntad de diálogo y acepte las propuestas, advirtiendo que la ley "entró con mal pie porque es una ley sin consenso" y, si no se incorporan las enmiendas, "está condenada a no tener el respaldo de nadie".