Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno de Canarias han defendido la tramitación de esta ley como una herramienta clave para retener el talento científico. Entre las novedades, destaca la implementación del Pasaporte Científico Canario, un sistema digital diseñado para centralizar la trayectoria académica y profesional de los investigadores, evitando la duplicidad de trámites en las convocatorias públicas.
La normativa establece directrices específicas para el desarrollo de la inteligencia artificial, priorizando la supervisión humana, la transparencia y la evaluación de riesgos. Según los grupos proponentes, el objetivo es situar a las personas en el centro del avance tecnológico, garantizando que los sistemas sean auditables, especialmente en el ámbito de la administración pública.
El texto legal también contempla el reconocimiento de las universidades públicas como agentes singulares de conocimiento y permite la creación de antenas universitarias para descentralizar la actividad investigadora hacia las islas no capitalinas. Asimismo, se habilita a las instituciones académicas para destinar remanentes de tesorería a la mejora de infraestructuras científicas, previa autorización del Ejecutivo regional.
“"Queremos investigadores investigando y no detrás de papeles."
Durante el proceso de tramitación, la ley ha incorporado enmiendas para atender las demandas del sector, incluyendo el impulso a los doctorados industriales y medidas para compensar los sobrecostes derivados de la fragmentación territorial. La votación definitiva marcará el cierre de un proceso legislativo que se ha extendido durante más de un año.
